La nueva ley de regulación de encuestas en Colombia, concebida para aumentar la transparencia del proceso electoral, ha generado un efecto paradójico: ha paralizado la publicación de mediciones de opinión pública y ha sumido a las firmas encuestadoras en un escenario de «inseguridad jurídica» sin precedentes. Aunque la veda para publicar encuestas de intención de voto se levanta a partir del 1 de noviembre, los costos y las exigencias técnicas impuestas por la normativa han hecho que su publicación sea insostenible para los medios de comunicación.
