Durante la Audiencia de Seguimiento de respuesta estatal ante la crisis humanitaria en el Catatumbo, convocada por la Corte Constitucional, el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, presentó un balance de las acciones adelantadas por la entidad en el marco del Mecanismo Extraordinario de Emergencia creado tras la declaratoria de conmoción interior.
Rodríguez destacó que la UNP ya tenía presencia en el territorio antes de los hechos del 16 de enero, cuando el ELN perpetró una grave agresión contra la población civil. Según explicó, antes de esa fecha la entidad brindaba protección a 465 personas y a cinco colectivos, beneficiando a cerca de 11 mil personas en la ruta colectiva.
Tras la expedición de los Decretos 062 y 137 de 2025, la UNP implementó medidas extraordinarias para atender de forma inmediata las solicitudes de protección en los 19 municipios priorizados del Catatumbo. “El Mecanismo Extraordinario de Emergencia permitió la atención de 1.333 solicitudes provenientes de docentes, alcaldes, personeros, líderes sociales, defensores de derechos humanos y víctimas”, afirmó el directivo.
Como resultado, 494 personas recibieron medidas de protección individual, incluyendo personas de protección, vehículos, chalecos, medios de comunicación y apoyos económicos para reubicación temporal. En cuanto a la protección colectiva, se apoyaron 17 organizaciones étnicas, campesinas y de mujeres, con un impacto estimado en más de 36 mil personas, mediante vehículos, cursos de autoprotección, embarcaciones, mulas y otros medios logísticos.
El funcionario reconoció, sin embargo, las dificultades encontradas para aplicar plenamente la ruta colectiva de protección, “Encontramos que el territorio no había sido recuperado democráticamente, lo que dificultó la aplicación integral del mecanismo. La protección colectiva requiere que todas las entidades del Estado se vuelquen sobre el territorio”, señaló.
Augusto Rodríguez concluyó su intervención insistiendo en que la crisis del Catatumbo revela la necesidad de una respuesta articulada del Estado, “Cuando fallan los procesos de paz o de recuperación territorial, los grupos violentos agreden a las comunidades, y la UNP debe asumir funciones que corresponden a otras entidades en su misionalidad”.