Este viernes 15 de noviembre, en el marco del seguimiento a las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Daniel Augusto El Saieh, presentó un balance de las acciones realizadas por el Estado colombiano para proteger a defensores y defensoras de derechos humanos, líderes sociales y comunidades en situación de riesgo.
Según informó, el Estado ha implementado un programa integral de prevención y protección que busca salvaguardar los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad de 33 grupos poblacionales identificados como en riesgo extraordinario o extremo debido a su labor política, social, humanitaria o en cargos estatales. Este programa incluye un sistema de valoración de riesgo que evalúa amenazas externas y vulnerabilidades mediante entrevistas, análisis de contexto y consultas con instituciones como la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional, la Fiscalía y el Ejército, entre otras instituciones, lo que permite determinar si el nivel de riesgo es ordinario, extraordinario o extremo.
Hasta julio de 2024, se han tramitado 7,158 órdenes de trabajo para evaluar niveles de riesgo individual, beneficiando a 2,262 mujeres y 4,923 hombres. Además, se realizaron 190 estudios colectivos, que incluyen a 18 organizaciones defensoras de derechos humanos y tres organizaciones sociales. En cuanto a las medidas de protección implementadas, 13,457 personas cuentan con apoyo mediante la ruta individual, mientras que 309 colectivos y comunidades han recibido protección a través de la ruta colectiva. Estas medidas incluyen enfoques diferenciales y étnicos, como la entrega de carpas, bastones de mando y chalecos distintivos, en reconocimiento de las necesidades específicas de comunidades indígenas y afrodescendientes.
Uno de los avances más significativos en esta labor es la implementación de la Línea Vida 103, una herramienta de emergencia que permite, mediante el uso de tecnología GPS, audio y video en tiempo real, coordinar respuestas inmediatas entre la UNP y entidades como la Policía, el Ejército y Bomberos.
Adicionalmente, se especificó que el programa de protección cuenta con un protocolo específico para analizar el nivel de riesgo de mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos, actualmente en proceso de actualización, que incluye la participación activa de las comunidades afectadas.
El jefe de la oficina también abordó las diferencias de perspectiva entre el Estado y las organizaciones de derechos humanos respecto a las medidas de protección, señalando que estas no se limitan a la entrega de recursos físicos como chalecos o vehículos blindados. Enfatizó que el concepto de seguridad humana, impulsado por el actual gobierno del Presidente Gustavo Petro, busca un enfoque integral que prioriza no solo la protección física, sino también el diálogo y la construcción de paz. Este enfoque es especialmente importante en regiones como Nariño, Putumayo, Cauca, Chocó, Valle, Antioquia, Córdoba y Sucre, donde la violencia persiste y se han priorizado acciones específicas con la colaboración de diversas instituciones.
Finalmente, reconoció que, si bien es difícil garantizar la vida en su totalidad, el Estado continúa trabajando para mejorar sus mecanismos de protección, atendiendo a las inconformidades planteadas por las organizaciones y fortaleciendo su compromiso con la seguridad de quienes defienden los derechos humanos en Colombia.
