La superservicios también indaga los cortes generales que AIR-E viene implementando en comunidades con bajo recaudo. Ante las diferencias jurídicas y pretensiones económicas de ambas compañías que van de los 50 mil millones de pesos a los $150.000 millones, el superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga, pidió garantías para que no se afecte la prestación de recolección de residuos a los usuarios.
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