UNA NUEVA polémica produjo el Gobierno al conocerse ayer algunos aspectos de un proyecto de ley que establece el marco para el sometimiento a la justicia de organizaciones criminales, que beneficiaría a capos y cabecillas de estos grupos con bajas penas o incluso podrían obtener la libertad si han pagado algunos años en prisión, a cambio de desmantelar estas estructuras y cesar su actividad delincuencial. Expertos consultados por EL NUEVO SIGLO coinciden en que esto no lleva a ningún avance en la llamada política de paz total y, por el contrario, genera impunidad.
