El conflicto armado en Colombia ha dejado poco más de 20.000 víctimas de violencia sexual entre 1985 y 2017, según cifras oficiales.
El conflicto y la violencia armada en Colombia han dejado huellas físicas y emocionales profundas en las víctimas, sus familiares y en toda la sociedad. La violencia sexual -utilizada como estrategia de terror y como forma de tortura- es una de las consecuencias del conflicto, donde las mujeres y las niñas son tratadas muchas veces como “botín”.
Las víctimas suelen ser invisibilizadas debido a que, para los/las sobrevivientes, es muy difícil contar lo ocurrido por las afectaciones que tiene en su dignidad, así como el temor, la culpa y la vergüenza que se experimentan tras haber sufrido este tipo de delitos.
Entre los organismos internacionales que han trabajado durante décadas en Colombia, se encuentra el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Esta institución llega a muchos rincones del país con ayudas humanitarias, entre las que se cuentan servicios de salud, alimentación y aseo, además de garantizar el rol de mediador en el marco de situaciones violentas, con el fin de aliviar el sufrimiento de las víctimas, y mitigar los riesgos a los cuales se encuentran expuestas las comunidades.
Con respecto al flagelo de la violencia sexual, para el CICR es fundamental que las víctimas tengan acceso a todos los servicios necesarios en términos de salud mental, física, protección, justicia, seguridad económica, entre otros, pero también prevenir la ocurrencia de esta problemática.
Rutas de atención
Las víctimas de Violencia Sexual pueden acudir al Ministerio Público (Personerías, Defensoría del Pueblo y Procuraduría) para relatar -mediante una declaración- los hechos sucedidos con el fin de que sean valorados por parte de la Unidad para las Víctimas-UARIV (y que esta defina si la persona es incluida o no en el Registro Único para Víctimas- RUV .
De acuerdo con la UARIV, las medidas de reparación pueden ser individuales, colectivas, materiales, morales o simbólicas. Estas son, la Restitución, Indemnización, Rehabilitación, Medidas de Satisfacción y, Garantías de no Repetición.
Protección a las víctimas
Existen varias rutas para que una víctima/sobreviviente de violencia sexual acceda a medidas de protección por parte del Estado. Una puede darse en el proceso de denuncia y, más concretamente, pueden ser solicitadas por el fiscal ante el juez de garantías.
Existe también el Programa de Protección de la Fiscalía General de la Nación que tiene como fin proteger a las personas que hacen parte de un proceso penal y padecen un riesgo en su vida e integridad personal, garantizando de esta forma, la protección de sus derechos fundamentales, así como el avance de las investigaciones penales en la lucha contra la impunidad.
También se encuentra la ruta ante la Unidad Nacional de Protección- UNP en la que, considerando la condición de víctimas del conflicto armado, la situación de riesgo y que, en virtud de sus actividades -líderes sociales, sindicalistas, activistas, etc.- pueden solicitar medidas de protección.
Atención de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual
En caso de que la víctima de violencia sexual sea un menor de edad, y que el hecho haya ocurrido en el marco de los conflictos armados y fuera del entorno familiar, es fundamental acudir ante la figura del Defensor de Familia que se encuentran en los Centros Zonales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. También en aquellos municipios donde no exista presencia de este tipo de institucionalidad es posible acudir a las Comisarías de Familia a poner en conocimiento el caso de violencia sexual que el menor ha sufrido.
A ellos corresponde emprender el proceso de restablecimiento de derechos al menor de edad y oficiar a las instituciones que corresponda para garantizar la protección de la persona afectada.