Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos y juristas representantes de víctimas acreditadas formalizaron la entrega de tres comunicaciones dirigidas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI). En los documentos, las partes solicitan la adopción de medidas cautelares de protección para salvaguardar las garantías procesales e institucionales en el marco del sistema de justicia transicional.