Este jueves 12 de diciembre, en la ciudad de Bogotá, se llevó a cabo la audiencia pública para conocer los avances en la implementación de la Ley de Mujeres Buscadoras (Ley 2364 de 2024), aprobada por el Congreso en abril de este año. El evento fue liderado por la Sección de Ausencia de Reconocimiento (SARV) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y se enmarca dentro de la medida cautelar nacional orientada a garantizar los derechos de las víctimas de desaparición forzada, especialmente su derecho a la memoria y la verdad.
La diligencia buscó proteger los derechos de las mujeres buscadoras y promover su participación activa en los procesos relacionados con la desaparición forzada. A esta audiencia fueron convocadas autoridades nacionales y territoriales, así como organizaciones de víctimas y de derechos humanos.
Los objetivos principales incluyeron escuchar a las mujeres buscadoras y sus organizaciones para visibilizar los retos y obstáculos que enfrentan, promover la articulación interinstitucional para fortalecer los procesos de búsqueda, identificación y entrega digna de personas desaparecidas y realizar un seguimiento a las medidas adoptadas para implementar la Ley de Mujeres Buscadoras.
Entre las instituciones presentes se destacaron la Unidad para las Víctimas, el Ministerio del Interior, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), el Ministerio de Justicia, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, entre otras.
Por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP), hicieron presencia el jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Daniel Augusto El Saieh y la Subdirectora de Evaluación del Riesgo, Johana Reyes, quienes expusieron las acciones adelantadas para proteger a las mujeres buscadoras.
Avances y retos destacados
El Saieh informó que, aunque la UNP no cuenta actualmente con un marcador específico en sus instrumentos de evaluación que permita identificar a las mujeres buscadoras como una categoría diferenciada, se están realizando esfuerzos para incluir esta variable en el nuevo “ecosistema” de evaluación de riesgo que está en desarrollo. Esto permitirá priorizar a esta población de manera más efectiva.
Por su parte, Johana Reyes señaló que desde su área se han realizado socializaciones con los equipos internos sobre la Ley de Mujeres Buscadoras y se han identificado oportunidades para ajustar los instrumentos de evaluación con enfoques de género, étnico-racial y territorial.
Además, destacó los esfuerzos por sensibilizar al personal sobre las particularidades y necesidades de las mujeres buscadoras, avanzando en modificaciones que permitan un mejor acompañamiento y protección.
Finalmente, Daniel Augusto El Saieh hizo un llamado al Ministerio de Hacienda para garantizar los recursos necesarios para la implementación efectiva de las políticas relacionadas con la Ley de Mujeres Buscadoras. Según él, la sostenibilidad de estas iniciativas depende de la disponibilidad presupuestal.
Este espacio, además de permitir un diálogo entre las instituciones y las mujeres buscadoras, subrayó la urgencia de consolidar acciones concretas que fortalezcan los derechos de las víctimas de desaparición forzada y promuevan la verdad, la justicia y la reparación.
