La Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- ha seguido de cerca el proceso de elección del próximo (a) Fiscal General de la Nación, que, según el cronograma oficial de la Corte Suprema de Justicia, debería haberse surtido el pasado 7 de diciembre de 2023. En ese contexto, distintas movilizaciones sociales han pedido al Alto Tribunal la elección en propiedad, como lo relata la CIDH en su reciente comunicado: “…toda vez que la fiscalía general de la Nación, al tener el monopolio de la acción penal, juega un papel fundamental en la lucha contra la impunidad, el acceso a la justicia y en la preservación de la democracia y del Estado de derecho en Colombia. La ausencia de una persona titular y la designación de personas interinas puede afectar a su independencia y autonomía”.
En Los últimos dos meses el país ha seguido con detenimiento la elección de la próxima fiscal. En efecto, la Presidencia de la República envío a la Corte Suprema desde el 2 de agosto de 2023 una terna compuesta por personas de reconocida idoneidad profesional para el cargo. Tras varias rondas y en ocasiones la falta de quorum y consenso político entre los magistrados llegó el fin de Francisco Barbosa como Fiscal General de la Nación el pasado 12 de febrero, lo cual supone un periodo de interinidad hasta que haya elección en propiedad.
El pasado jueves 8 de febrero, fecha de una nueva ronda de elección en la Corte Suprema para elegir fiscal, hubo en todo el país más de 70 movilizaciones pacíficas para hacerle un democrático llamado al Alto Tribunal para que se surtiera el proceso electivo, con excepción de momentos de desorden en la ciudad de Bogotá y Medellín. En los grandes medios de comunicación se presentaron versiones posteriores sobre la manifestación que hubo a las afueras del Palacio de Justicia, en relación con agresiones físicas o impedimentos de movilidad a los magistrados y servidores del palacio. La Policía Nacional brindó seguridad y facilitó la evacuación del edificio sin que se presentaran anomalías.
La CIDH está alentando así al Estado colombiano y en particular a su máxima cabeza del poder judicial para que, según estándares internacionales e interamericanos de derechos humanos, se realice con transparencia, acceso a la información y libre de todo tipo de presión esta designación. Este órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos -OEA- continuará monitoreando esta situación con el apoyo de su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.
