Ocho expedientes en la Corte Suprema están definiendo el futuro de 2.399 hectáreas ligadas al desmovilizado grupo criminal y con las que el Estado pretende reparar a las víctimas de esa estructura ilegal. La Unidad Investigativa de El Espectador revela la identidad de quiénes hoy reclaman como propios esos terrenos, entre ellos ganaderos de la zona, señalados testaferros de los paras, y otros.
