Este 29 de agosto, la Unidad Nacional de Protección (UNP) participó activamente en el Subcomité Conjunto Departamental del Cesar, en donde se abordó la situación de seguridad de líderes y defensores de derechos humanos del departamento. Estos líderes han sido objeto de amenazas por parte de grupos armados ilegales, lo que ha generado una creciente preocupación en la región.
Durante la reunión, la UNP presentó un informe detallado sobre el estado actual de las medidas de protección que se han implementado para salvaguardar la vida e integridad de los líderes amenazados. Así mismo, se expuso el estado de las solicitudes de protección que han realizado estos defensores de derechos humanos, subrayando la importancia de la rápida activación de las medidas necesarias en cada caso.

Uno de los puntos destacados de la reunión fue la explicación del proceso de la ruta de protección, en la cual se detallaron los pasos que deben seguir los líderes y defensores de derechos humanos desde el momento en que reciben una amenaza hasta que se implementan las medidas de protección correspondientes. Este proceso incluye la evaluación del nivel de riesgo, la asignación de medidas de seguridad y el seguimiento continuo de las mismas.
En el encuentro estuvieron presentes la Oficina de Paz de la Gobernación del Cesar, así como representantes de las alcaldías de Aguachica, Tamalameque, Pelaya y San Alberto. También participaron la Policía Nacional, la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y otras entidades del Estado. Además, más de 20 líderes sociales del departamento asistieron para exponer sus preocupaciones y conocer de primera mano las acciones que se están tomando en su favor.
La reunión reafirmó el compromiso de las instituciones presentes en la protección de los derechos humanos y en la lucha contra la violencia que amenaza la vida y la labor de los líderes sociales en el departamento del Cesar. La UNP, por su parte, ratificó su disposición a continuar trabajando de manera coordinada con las entidades locales y nacionales para garantizar la seguridad y el respeto de los derechos humanos en la región.