Me referiré a las declaraciones públicas y al oficio PRS-239-2026, del 18 de septiembre de 2026, mediante los cuales el magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, puso en conocimiento de la ciudadanía y de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional una supuesta afectación a la independencia y al funcionamiento de esa jurisdicción, derivada de iniciativas legislativas y presupuestales que cursan en el Congreso.
