La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) calificó de genocidio el exterminio que dejó 8.924 víctimas, entre simpatizantes, candidatos, cargos públicos y miembros de la Unión Patriótica (UP), surgida en 1985 como parte de una propuesta de paz con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).