En octubre del 2024, a través de un comunicado, los antiguos miembros del Secretariado de las FARC renunciaron a la “presunción de inocencia” ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por los crímenes cometidos durante el conflicto armado con el fin de “acelerar el proceso judicial y demostrar el compromiso de los firmantes con la verdad”.
