El 18 de septiembre de 2025, Ligia García, una colombiana solicitante de asilo en Estados Unidos, asistió sin un abogado a un tribunal en San Francisco para definir su estatus migratorio tras haber llegado 18 meses antes desde la frontera sur. Lo que no sabía esta mujer de 54 años, que padece de hipertensión y discapacidad auditiva, era que fuera de la sala la estaban esperando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para arrestarla, una estrategia que aumentó desde que Donald Trump volvió al poder hace un año y que viene recibiendo demandas de organizaciones civiles.
