Estos terrenos fueron objeto de extinción de dominio tras pertenecer al narcotraficante Arcángel de Jesús Henao, alias ‘El Mocho’, integrante del Cartel del Norte del Valle; luego pasaron a manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y posteriormente al ministerio de Defensa, bajo cuya administración permanecieron por años, mientras comunidades campesinas aguardaban una solución.
