El escándalo de corrupción de Centros Poblados empezó a dejar las primeras operaciones de extinción de dominio contra los principales involucrados. La Fiscalía General de la Nación impuso una medida cautelar contra bienes que serían de la exministra Karen Abudinen, el contratista condenado Emilio Tapia y otros salpicados en el entramado ilegal.
