El Consejo de Estado rechazó las pretensiones promovidas por Jorge de Jesús Morales Rodríguez y otros, que en una acción de grupo pretendían declarar responsable al Ministerio de Defensa, el Ejército Nacional, la Policía Nacional, al Ministerio de Hacienda, al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) y la Unidad para las Víctimas
