Actualmente, cuando un consumidor compra diésel en una estación de servicio, el consumidor paga menos del 50% del precio que cobra el refinador o importador de ese combustible. El Gobierno nacional, por medio del FEPC, paga el resto. Esto ha llevado a un problema fiscal histórico que ha representado acumuladamente, en pesos de 2024, cerca de $115 billones.
