Después de que EL TIEMPO reveló un reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el que se alerta que el Estado colombiano está en mora al permitir que funcionarios electos por voto popular, sigan siendo sancionados por una autoridad administrativa, este miércoles se conoció la primera reacción de la Procuraduría frente al tema.