La Corte Constitucional le ordenó al Ministerio de Salud que adecúe la reglamentación necesaria para que niños, niñas y adolescentes puedan acceder al derecho de morir con dignidad. El alto tribunal resaltó que esas normas no excluyan a los menores de edad en situación de discapacidad intelectual de la posibilidad de presentar solicitudes para la activación del procedimiento de eutanasia.
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