La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció que cesó la persecución penal en contra de 16 exmilitares por su presunta participación en ejecuciones extrajudiciales en los departamentos de Meta y Santander, entre 2005 y 2006. Según estableció el órgano de justicia transicional, los miembros de la Fuerza Pública, activos y retirados, no fueron encontrados como máximos responsables de estos crímenes.
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