La guerra entre grupos armados ilegales por el control territorial y la práctica de las redes dedicadas a silenciar a quienes los denuncian tiene como unos de los principales afectados a los defensores de derechos humanos y líderes sociales del país. En nueve años (entre 2016 y 2024) se han reportado 1.372 víctimas, lo que se traduce en una muerte aproximadamente cada tres días.