Cuatro años después del escándalo de corrupción de Centros Poblados, la Contraloría emitió un fallo de responsabilidad fiscal en contra de los miembros del consorcio. Eso significa que las empresas y personas implicadas deberán pagarle al Estado $87.000 millones de pesos por la pérdida patrimonial que propiciaron luego de haberse embolsillado el anticipo del contrato -que fue de $70.000 millones de pesos- para llevar internet a zonas rurales de 16 departamentos.
Centros Poblados: cómo recuperará el Estado los 70.000 millones perdidos
