Luego de recibir una denuncia, en 2024, en la que un adulto mayor aseguraba que casi 100 millones de pesos correspondientes a su pensión habían sido desviados a una cuenta bancaria que no le pertenecía, la Dijin y la Fiscalía comenzaron un minucioso proceso de investigación para determinar qué había sucedido con el dinero.
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